Jordi Gazo, vicepresidente de AEMES Smart y CEO de FLOOX, considera que «un modelo de colaboración público-privada bien diseñado, con la administración asumiendo su parte de responsabilidad, es el camino para que Cataluña se consolide como referente en recarga de alta potencia».
La noticia publicada por El Economista recoge los resultados de la consulta preliminar de mercado realizada por CIMALSA a los operadores del sector, como paso previo a la licitación que prepara el Govern para instalar estaciones de recarga ultrarrápida en las principales carreteras de titularidad autonómica. Las conclusiones permitirán definir con mayor precisión las condiciones de los futuros pliegos.
Entre los principales retos identificados se encuentra la acometida eléctrica necesaria para desarrollar este tipo de infraestructuras. Como señala también Jordi Gazo: «La tecnología para la recarga ultrarrápida ya está madura, y el verdadero cuello de botella es la acometida eléctrica. Que el mercado pida de forma casi unánime que sea la administración quien asuma esa inversión es una señal muy positiva, porque reduce la barrera de entrada y permite que fabricantes y operadores nos centremos en lo que sabemos hacer: diseñar infraestructura fiable, modular y escalable».
La consulta también apunta algunas de las condiciones que el sector considera necesarias para garantizar la viabilidad de estas instalaciones. Los operadores plantean concesiones de un mínimo de 20 años, que podrían llegar hasta los 30, y cargadores con una potencia mínima de 300 kW para vehículos ligeros. En el caso del vehículo pesado, el artículo señala la necesidad de prever una configuración específica, tanto por el espacio requerido como por la planificación de las instalaciones.
En cuanto a las ubicaciones, se plantea una combinación entre áreas de servicio existentes, como las de Tordera, Montcada, Gavà y La Roca del Vallès, y nuevas implantaciones en zonas donde se ha detectado un déficit de cobertura. El despliegue se concentraría en vías de altas prestaciones de titularidad de la Generalitat, entre ellas la C-25, la C-16 y la C-32.
El artículo también destaca la necesidad de coordinar actuaciones con otras administraciones en los grandes ejes viarios que quedan fuera de las competencias de la Generalitat, como es el caso de la AP-7, para avanzar hacia una red de recarga de alta potencia mejor vertebrada en el territorio.
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